MiAMBIENTE presenta a la CAPAC nuevo reglamento para evaluación de impacto ambiental

 

 

  • Promotores de proyectos, consultores y auditores ambientales conocieron las principales actualizaciones del Decreto Ejecutivo No. 4 y su aplicación en los procesos de evaluación ambiental.

 

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), por medio de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (DEIA), desarrolló una jornada de divulgación del Decreto Ejecutivo No. 4 del 28 de mayo de 2026, normativa que reglamenta el Capítulo III del Título II del Texto Único de la Ley 41 de 1998 sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental. La actividad reunió a consultores ambientales, auditores ambientales y promotores de proyectos miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), quienes conocieron las principales actualizaciones incorporados en la normativa y recibieron orientación sobre su aplicación.

El nuevo decreto actualiza procedimientos, incorpora herramientas digitales, integra un enfoque más amplio para la gestión ambiental, promueve transparencia, participación ciudadana y brinda mayor seguridad jurídica durante el desarrollo de proyectos. El encuentro facilitó el intercambio de experiencias entre participantes y amplió el conocimiento sobre los nuevos lineamientos establecidos en la normativa, favoreciendo una aplicación más uniforme de los procedimientos de evaluación ambiental.

Correspondió a los técnicos de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental presentar las principales actualizaciones, procedimientos y disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 4. La agenda incluyó una explicación técnica sobre la implementación del reglamento y un espacio para responder consultas formuladas por representantes del sector.

Durante la apertura del encuentro, la secretaria general de MiAMBIENTE, María del Carmen Silvera, expresó que «este diálogo es importante porque aborda un tema que ocupa un lugar central en la relación entre desarrollo, inversión, seguridad jurídica, participación ciudadana y protección del ambiente. Precisamente ese es el propósito de este decreto: contar con un sistema de evaluación ambiental más claro, moderno y eficiente, acorde con las necesidades del país«.

Silvera añadió que «Panamá necesita continuar impulsando inversiones, generando empleo y desarrollando infraestructura. Ese crecimiento debe realizarse de manera ordenada, responsable y sostenible. Desarrollo económico y protección del ambiente deben caminar de forma complementaria, con reglas claras y procesos transparentes«.

La secretaria general también señaló que «desde MiAMBIENTE valoramos la participación del sector construcción, consultores ambientales, equipos técnicos, promotores de proyectos y profesionales vinculados con la gestión ambiental. Su experiencia contribuye al desarrollo de procesos con rigor técnico y transparencia. Esta normativa busca elevar la calidad de las evaluaciones, mejorar estándares técnicos, brindar mayor certeza a inversionistas y generar confianza en las comunidades».

Por su parte, Irene de Simone, presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), manifestó que “para el sector construcción resulta fundamental conocer de primera mano el alcance de esta normativa.  Contar con procedimientos claros y criterios técnicos definidos aporta mayor previsibilidad al desarrollo de los proyectos y facilita la planificación. Estos espacios de intercambio contribuyen a una mejor comprensión del decreto y favorecen su correcta aplicación por parte de todos los actores involucrados”.

Entre los principales aspectos incorporados esta nueva normativa figura plataformas digitales para la gestión de trámites ambientales, mecanismos orientados a ampliar transparencia y participación ciudadana, una definición más precisa de las responsabilidades de los consultores ambientales inscritos en el registro correspondiente y mejoras en los procesos administrativos para mantener actualizada dicha información.

La divulgación del Decreto Ejecutivo No. 4 forma parte de las acciones que desarrolla MiAMBIENTE para impulsar su implementación, optimizar los procesos de evaluación de impacto ambiental y brindar mayor certeza técnica y jurídica a los distintos actores vinculados con el desarrollo de proyectos.

 

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