Panamá fortalece marco jurídico para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales
Panamá, 29 de mayo de 2026 – El Gobierno Nacional anunció la actualización del procedimiento de sanción por infracciones ambientales en Panamá, mediante un nuevo decreto ejecutivo que fortalece la protección del ambiente y los recursos naturales del país. La normativa publicada en la Gaceta Oficial GO. 30534 moderniza y subroga el Decreto Ejecutivo No. 5 de 2017, incorporando nuevos mecanismos de fiscalización, sanción y coordinación institucional para enfrentar de manera más efectiva las afectaciones ambientales.
La nueva reglamentación, producto de una amplia consulta pública y ciudadana, establece procedimientos más claros para la atención de infracciones ambientales en casos de flagrancia, cuando las personas sean sorprendidas por servidores públicos o agentes autorizados en la comisión de una falta. El decreto define criterios específicos para determinar la flagrancia, incluyendo la observación directa, la posesión de instrumentos utilizados en la infracción y la utilización de evidencia digital.
El decreto tipifica infracciones relacionadas con recursos forestales, hídricos, calidad del aire, áreas protegidas y vida silvestre, estableciendo multas que van desde 25 balboas hasta varios miles de balboas, dependiendo de la gravedad de la falta. Entre las sanciones se incluyen medidas adicionales como el decomiso de bienes, órdenes de restauración ambiental y acciones correctivas de mitigación. Además, se establecen procedimientos específicos para casos de reincidencia, duplicando las sanciones cuando corresponda, y mecanismos de cobro coactivo para quienes incumplan el pago de las multas impuestas.
Este documento también incorpora medidas orientadas a la reparación de los daños ambientales mediante acciones de limpieza, reforestación y remediación. Las direcciones regionales de MiAMBIENTE serán responsables de supervisar el cumplimiento de las acciones correctivas.
El nuevo decreto ejecutivo establece mecanismos para solicitar autorización judicial de ingreso a propiedades privadas cuando sea necesario investigar posibles infracciones, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y la proporcionalidad de las actuaciones.
La recién establecidas disposiciones se fundamentan en la Ley 8 de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y le otorga facultades sancionatorias; la Ley 287 de 2022, que reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos; y la Ley 371 de 2023, orientada a la protección de las tortugas marinas y sus hábitats, entre otras disposiciones.
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