Detectan a un ciudadano con una escopeta dentro de un área custodiada en Panamá Oeste
Panamá Oeste, 7 de junio de 2025. Durante un operativo nocturno de control y vigilancia, específicamente en las áreas de Ecoforest y Pica El Guabo, provenientes del río Baila Monos, en Santa Clara, distrito de Arraiján, dentro del Área de Polígono de Tiro de Balboa Oeste, guardaparques de la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) de Panamá Oeste, en conjunto con unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, dieron con la captura de un ciudadano que portaba un arma de fuego, tipo escopeta calibre 28, con una munición sin detonar.
Zuleyla Toribio Madrigal, encargada de la Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del MiAMBIENTE Panamá Oeste, indicó que este hecho dio origen a la apertura de una investigación penal por posible posesión ilegal de arma de fuego (delito contra la seguridad colectiva), ya que no se confirmó que el individuo contara con el permiso correspondiente. El arma fue decomisada como evidencia y será analizada por las autoridades.
La funcionaria informó que la Fiscalía de Arraiján lleva el caso en la etapa de atención primaria, donde se decidirá si se imputan cargos formales, mientras se revisan detalles como si el ciudadano tiene antecedentes penales, si el arma está relacionada con otros delitos o si tiene denuncia por robo o ha sido usada en algún hecho delictivo.
«Como institución nos mantenemos vigilantes y reafirmamos el compromiso con la protección de nuestros recursos naturales. Reiteramos a las personas que insistan en cometer delitos contra la fauna y flora silvestre que se aplicarán las sanciones establecidas en las normativas legales vigentes, ante las autoridades competentes para este tipo de casos», acotó Toribio Madrigal.
El ejercicio de la caza en las áreas protegidas está totalmente prohibido; así lo estipula la Ley 24 de 1995, “Por la cual se establece la legislación de vida silvestre de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones” (G.O. 22801), mediante la cual se establece que la vida silvestre es parte del patrimonio natural de Panamá, se declara de dominio público su protección y conservación, y se contemplan implicaciones penales y administrativas.
